A pesar de haber sido sancionada hace casi siete meses, la ley de prevención y control de trastornos alimentarios, más conocida como de lucha contra la obesidad, sigue sin aplicarse porque el Poder Ejecutivo demora la reglamentación de la norma.
Las consecuencias de esta demora perjudican a más de un millón de argentinos que sufren de obesidad mórbida, que se ven imposibilitados de acceder a los tratamientos terapéuticos que les permitan combatir esa enfermedad y que, según establece la ley 26.396, las obras sociales y prepagas debían cubrir de manera gratuita e integral.
Pero no sólo las personas obesas son el universo perjudicado por la desidia del poder administrador en hacer efectivos los alcances de la ley. También lo sufren miles de jóvenes y adolescentes afectados por la bulimia y la anorexia, trastornos cuya cobertura también están contemplados por la norma.
Por lo pronto, esta situación ha hecho que varias personas hubieran tenido que accionar judicialmente para hacer cumplir la ley sancionada por el Congreso el 13 de agosto último.
"Sé que hay una comisión técnica que está trabajando en la reglamentación, pero hay una demora importante que es producto de intereses contrapuestos", afirmó a LA NACION el diputado nacional Juan Acuña Kunz (UCR-Santa Cruz).
Esa comisión es un grupo interdisciplinario que desde septiembre hasta la fecha se ha reunido en cinco oportunidades -la última, la semana pasada-, y que viene trabajando en el ámbito del Ministerio de Salud. Fuentes de esa cartera le aseguraron a este diario, pidiendo reserva de su nombre, que es inminente la elevación a la ministra Graciela Ocaña de un borrador del decreto de reglamentación.
En diálogo con LA NACION, el doctor Alberto Cormillot, uno de los impulsores de la sanción de la ley, confirmó el trabajo realizado hasta la fecha por esa comisión, que integra junto a organizaciones profesionales médicas, representantes del ámbito de la educación, de los prestadores y de la industria alimentaria, entre otros sectores.
"Se está trabajando", precisó el especialista, aunque reconoció que el hecho de que aún no se haya reglamentado hace que "la ley no esté funcionando en plenitud.
Según coincidieron en señalar algunos de los actores involucrados en el debate, la demora en la reglamentación es el resultado de intereses económicos cruzados. Por una parte, las obras sociales y las prepagas se resisten a incluir la cobertura de los tratamientos sin recibir a cambio la autorización del Poder Ejecutivo para aumentar sus cuotas.
"Las obras sociales dicen que el sistema va a colapsar, pero es mentira", afirmó Acuña Kunz, con lo que rechazó el argumento de que con la aplicación de la ley se abrirá la puerta a la realización en masa de costosas operaciones quirúrgicas para combatir la obesidad mórbida, como el cinturón gástrico. "No va a haber un aluvión de operaciones", agregó.
Además, el legislador alertó sobre las consecuencias que sobre la aplicación de la ley de prevención de los trastornos alimentarios podría traer aparejada la posibilidad de que el Poder Ejecutivo decida impedir el traspaso entre obras sociales. "Esto va a dar motivo a que las prepagas no cubran los tratamientos, porque van a argumentar que no van a poder cubrir los costos ya que no van a poder sumar nuevos afiliados", precisó. Presiones
La otra cara de las presiones involucradas en este tema es el de la industria alimentaria, en particular la de harinas y bebidas gaseosas, que sigue poniendo reparos a la aplicación de controles y advertencias sobre las consecuencias nocivas para la salud de sus productos.
Una primera muestra del poder de presión del sector fue el veto parcial que la presidenta Cristina Kirchner aplicó a los artículos de la norma que obligaban a exhibir leyendas en sus productos alertando sobre las consecuencias de su consumo.
Cormillot, en tanto, prefirió mostrarse más cauto y priorizó la puesta en marcha de los alcances de la legislación en el menor tiempo posible. "Hoy, a las obras sociales les conviene que haya una ley funcionando, porque cuando esto se judicializa es peor", advirtió.
Si bien el hecho de que la comisión interdisciplinaria casi haya finalizado su trabajo es un avance, todavía faltará mucho camino por recorrer para hacer efectiva la ley, ya que el texto reglamentario deberá ser aprobado por la ministra Ocaña y, después, elevado al Poder Ejecutivo, que deberá darle la luz verde definitiva.
Y en este sentido, las señales no son alentadoras. La ley de protección de los bosques nativos lleva más de un año sin ser reglamentada en sus aspectos sustanciales por la presión de intereses privados que se escudan detrás del temor de varias administraciones provinciales de ver afectadas sus economías regionales.
Las consecuencias de esta demora perjudican a más de un millón de argentinos que sufren de obesidad mórbida, que se ven imposibilitados de acceder a los tratamientos terapéuticos que les permitan combatir esa enfermedad y que, según establece la ley 26.396, las obras sociales y prepagas debían cubrir de manera gratuita e integral.
Pero no sólo las personas obesas son el universo perjudicado por la desidia del poder administrador en hacer efectivos los alcances de la ley. También lo sufren miles de jóvenes y adolescentes afectados por la bulimia y la anorexia, trastornos cuya cobertura también están contemplados por la norma.
Por lo pronto, esta situación ha hecho que varias personas hubieran tenido que accionar judicialmente para hacer cumplir la ley sancionada por el Congreso el 13 de agosto último.
"Sé que hay una comisión técnica que está trabajando en la reglamentación, pero hay una demora importante que es producto de intereses contrapuestos", afirmó a LA NACION el diputado nacional Juan Acuña Kunz (UCR-Santa Cruz).
Esa comisión es un grupo interdisciplinario que desde septiembre hasta la fecha se ha reunido en cinco oportunidades -la última, la semana pasada-, y que viene trabajando en el ámbito del Ministerio de Salud. Fuentes de esa cartera le aseguraron a este diario, pidiendo reserva de su nombre, que es inminente la elevación a la ministra Graciela Ocaña de un borrador del decreto de reglamentación.
En diálogo con LA NACION, el doctor Alberto Cormillot, uno de los impulsores de la sanción de la ley, confirmó el trabajo realizado hasta la fecha por esa comisión, que integra junto a organizaciones profesionales médicas, representantes del ámbito de la educación, de los prestadores y de la industria alimentaria, entre otros sectores.
"Se está trabajando", precisó el especialista, aunque reconoció que el hecho de que aún no se haya reglamentado hace que "la ley no esté funcionando en plenitud.
Según coincidieron en señalar algunos de los actores involucrados en el debate, la demora en la reglamentación es el resultado de intereses económicos cruzados. Por una parte, las obras sociales y las prepagas se resisten a incluir la cobertura de los tratamientos sin recibir a cambio la autorización del Poder Ejecutivo para aumentar sus cuotas.
"Las obras sociales dicen que el sistema va a colapsar, pero es mentira", afirmó Acuña Kunz, con lo que rechazó el argumento de que con la aplicación de la ley se abrirá la puerta a la realización en masa de costosas operaciones quirúrgicas para combatir la obesidad mórbida, como el cinturón gástrico. "No va a haber un aluvión de operaciones", agregó.
Además, el legislador alertó sobre las consecuencias que sobre la aplicación de la ley de prevención de los trastornos alimentarios podría traer aparejada la posibilidad de que el Poder Ejecutivo decida impedir el traspaso entre obras sociales. "Esto va a dar motivo a que las prepagas no cubran los tratamientos, porque van a argumentar que no van a poder cubrir los costos ya que no van a poder sumar nuevos afiliados", precisó. Presiones
La otra cara de las presiones involucradas en este tema es el de la industria alimentaria, en particular la de harinas y bebidas gaseosas, que sigue poniendo reparos a la aplicación de controles y advertencias sobre las consecuencias nocivas para la salud de sus productos.
Una primera muestra del poder de presión del sector fue el veto parcial que la presidenta Cristina Kirchner aplicó a los artículos de la norma que obligaban a exhibir leyendas en sus productos alertando sobre las consecuencias de su consumo.
Cormillot, en tanto, prefirió mostrarse más cauto y priorizó la puesta en marcha de los alcances de la legislación en el menor tiempo posible. "Hoy, a las obras sociales les conviene que haya una ley funcionando, porque cuando esto se judicializa es peor", advirtió.
Si bien el hecho de que la comisión interdisciplinaria casi haya finalizado su trabajo es un avance, todavía faltará mucho camino por recorrer para hacer efectiva la ley, ya que el texto reglamentario deberá ser aprobado por la ministra Ocaña y, después, elevado al Poder Ejecutivo, que deberá darle la luz verde definitiva.
Y en este sentido, las señales no son alentadoras. La ley de protección de los bosques nativos lleva más de un año sin ser reglamentada en sus aspectos sustanciales por la presión de intereses privados que se escudan detrás del temor de varias administraciones provinciales de ver afectadas sus economías regionales.